ITHACA, EU- En la medida en que se intensifica la explotación del gas shale, de lutitas o de esquisto en esta nación, así también crece el rechazo y la resistencia local a esa práctica.
Esa oposición se ha reflejado en demandas legales y en moratorias o prohibiciones locales en contra de la fractura hidráulica o fracking, la tecnología aplicada para extraer el hidrocarburo encallado en rocas antiguas y profundas.
Helen Slottje, directora del Consejo de Defensa Ambiental Comunitaria, Inc., achaca la fortificación de la oposición a que la industria trabaja cada vez más cerca de zonas pobladas y de forma más intensiva.
“Esa combinación ha provocado conflictos y la gente, cuando ve lo que ocurre con el agua contaminada y con casas que no puede vender, no se siente segura. Ello ocurre incluso quienes son políticamente conservadores o no se involucran. Entonces, tienen mayores incentivos para involucrase”, explica Slottje a Apro.
Esa postura desemboca en el surgimiento de movimientos de base que “empiezan a organizarse e incurrir en desobediencia civil, porque los gobiernos y las compañías no los escuchan”, apunta Slottje.
Esta abogada es considerada uno de los artífices de la construcción de la negativa masiva al fracking en el estado de Nueva York, cuyo gobernador Andrew Cuomo determinó en diciembre último prohibir esta práctica.
Por ello, Slottje obtuvo en 2014 el Premio Ambiental Goldman, uno de los más importantes del planeta y que distingue a activistas comunitarios de seis regiones del globo.
La hidrofractura es la tecnología utilizada para extraer hidrocarburos no convencionales atrapados en rocas, como el gas de esquisto, para así liberarlos a gran escala. La generación del hidrocarburo requiere de grandes volúmenes de agua y la excavación y fractura generan enormes cantidades de residuos líquidos, que pueden contener químicos y otros contaminantes que requieren tratamiento antes de su desecho.
Además, la obtención del gas de esquisto libera metano, un gas mucho más contaminante que el dióxido de carbono y que puede filtrarse a los mantos freáticos.
Estados Unidos es la nación con la mayor explotación comercial de esos hidrocarburos. En los últimos meses unas 400 ciudades en 28 estados han avalado vetos o moratorias al fracking. Nueva York y Vermont han optado por la prohibición, mientras Maryland estableció en mayo último una moratoria de dos años y medio.
En el primer caso, una vasta coalición de funcionarios, científicos, legisladores locales y organizaciones locales promovieron estudios sobre la práctica y se movilizaron para impulsar la proscripción.
“Las comunidades se sienten rebasadas, por eso hay extensa presión comunitaria. Se ha aplicado el principio precautorio a diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes del país. Muchas comunidades han optado por la prohibición. La industria se ha movido más rápido que la ciencia y las autoridades y ha puesto recursos masivos para expandirse y defenderse”, declara Lena Moffitt, directora de la campaña contra Combustibles Sucios del ambientalista Sierra Club.
A causa de la Ley de Política Energética de 2005, la industria petrolera quedó exenta de las siete mayores normas ambientales federales sobre asuntos como la calidad del aire y del agua, así como las emisiones contaminantes.
Frente a ello, autoridades locales han recurrido a marcos estatales para regular al sector, mediante esquemas como los ordenamientos territoriales y con los cuales pueden decidir si se permite o no la práctica o limitarla a zonas específicas.
Su respaldo son los más de 500 estudios sobre el fracking relativos a sus impactos ambientales, sobre la salud, el agua, el aire y otros asuntos.
Pugnas legales
Una de las expresiones del conflicto presente es la presentación de querellas en contra de las corporaciones petroleras. Desde 2009 se han iniciado más de 155 demandas que involucran a propietarios de tierras, compañías, reguladores gubernamentales y organizaciones ambientalistas.
Texas –donde históricamente más se ha extraído gas shale–, es el estado con la mayor cantidad de litigios: 25, de los cuales dos ya están resueltos, nueve fueron arreglados fuera de corte, siete rechazados por los tribunales, cinco en desarrollo y dos en fase de apelación.
Le sigue Arkansas, con 24 casos: 16 rechazados, cuatro zanjados extrajudicialmente, tres en marcha y uno decidido. En Pensilvania se han entablado 22 demandas: 11 pendientes, siete arreglados fuera de corte, tres resueltos y uno en proceso de juicio.
Las cortes canadienses también han recibido disputas legales, pues un caso está bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de ese país.
Muchas de estas demandas –algunas colectivas– han sido entabladas por propietarios de tierras que cedieron los derechos de petróleo y gas a las corporaciones o residen en la proximidad de donde se han realizado las operaciones de fracking (Proceso 1972). Los acusadores argumentan que las empresas operadoras y perforadoras contaminan los mantos acuíferos u otras fuentes de agua potable.
Otras querellas se refieren a sismos, temas ambientales, aplicación de la regulación, prohibiciones municipales, normas gubernamentales y pleitos por la cesión de derechos petroleros.
El análisis Litigios por fractura hidráulica: desarrollos recientes y temas actuales en casos que involucran supuestos impactos a la disposición de agua, elaborado por Dave Neslin –abogado del despacho Davis Graham & Stubbs LLP–, ofrece un panorama de las causas de los litigios.
El documento refiere que la Agencia de Protección Ambiental y las oficinas estatales han interpuesto varias acciones de cumplimiento de la ley y un creciente número de casos están citando asuntos de predominio de leyes locales sobre federales para impedir el desarrollo del fracking.
“Los acusadores alegan usualmente que las actividades exploratorias y extractivas han contaminado la calidad del agua de sus pozos con metano, benceno, etileno, tolueno o xileno, o con varias sustancias químicas. Argumentan también que tal polución ha resultado en el daño a su propiedad y perjuicio personal, por lo que buscan indemnización por daños y un amparo”, cita el análisis.
Neslin anticipa que los acusadores podrían dirigir querellas futuras hacia otros tipos de afectaciones, no relacionadas directamente con el abastecimiento de agua, como calidad del aire o impactos sísmicos, o enfocarse en el uso de desechos líquidos en vez de la propia hidrofractura.
“El litigio alrededor de la Ley Nacional de Política Ambiental puede también crecer si grupos e individuos buscan frenar el fracking o el desarrollo de petróleo y gas, al apelar las concesiones gubernamentales que autorizan o facilitan esa actividad. Debido a que tal litigio no necesita prueba de exposición, causa o lesión física, no enfrenta los mismos obstáculos que las demandas por agravios, en las que los acusadores deben demostrar que han padecido esas afectaciones”, prevé el experto, una tendencia que empieza a manifestarse.
El litigio sobre la preeminencia de la jurisdicción puede aumentar en respuesta a la proliferación de las prohibiciones locales y las restricciones al fracking, por lo que se espera que continúe la actividad regulatoria en algunas áreas para el futuro inmediato.
“Los resultados de ese litigio dependerán generalmente de cómo los tribunales interpretan las políticas locales y las leyes estatales, incluyendo en particular la importancia del desarrollo del petróleo y gas y la regulación uniforme y si las provisiones locales se caracterizan por su operatividad o los requisitos de uso de suelo”, analiza el documento.
Slottje señala que “los gobiernos y compañías dicen que los ciudadanos no tienen opciones de decir no a la exploración, a los arrendamientos. Los desafíos legales son duros, pero aunque se pierdan, la gente entiende que tiene el derecho a decidir”, apunta.
A criterio de Moffitt, la hidrofractura no ha sido ejecutada con responsabilidad, por lo urge normarla. “Ha sido un desastre, pues impone enormes riesgos para las comunidades. Las regulaciones pueden ayudar, pues disminuyen la contaminación y el riesgo. Creemos que funcionarán. Ninguna regulación hará seguro al fracking, pero puede reducir el daño”, se explaya.
En 2014 se iniciaron nueve demandas y en 2015, una.
“Molestia privada”
Un juicio con jurado que se desarrollará en diciembre próximo en los tribunales de Pensilvania puede ser trascendental para las comunidades y su lucha contra la fractura hidráulica.
Se trata del caso Nolen Scott Ely, et al. v. Cabot Oil & Gas Corporation y Gassearch Drilling Services Corporation, identificado con la clave 3:09-cv-02284.
El litigio es una secuela de una demanda de 2009, en la cual residentes en Dimock y Montrose, poblados de Pensilvania, alegaron que los acusados realizaron hidrofractura y otras actividades de extracción que liberaron metano, gas natural y otras toxinas en su tierra y el agua subterránea.
Al mismo tiempo, el Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania (PDEP, por sus siglas en inglés) también demandó a Cabot Oil y llegó a un acuerdo extrajudicial el 16 de diciembre de 2010. Las familias afectadas recibieron 4 millones 100 mil dólares y la empresa pagó una multa de 500 mil dólares a PDEP.
La mayoría de los acusadores logró un arreglo fuera de corte, pero tres familias optaron por proseguir con el caso.
Los acusados enfrentan acusaciones de negligencia y molestia privada.
Slottje no es optimista ante el resultado del juicio, pero valora algunas consecuencias positivas. “Llegar a la corte y escuchar los testimonios será importante. Es una oportunidad para mostrar a la gente cuán injusto es el sistema en contra de la gente común. Exhibirá cómo se contamina el agua y cómo reacciona la empresa ante ello”, sostiene.
En Texas los tribunales han sentado algunos precedentes legales sobre los efectos del fraking.
En marzo de 2011, Robert Parr, su esposa Lisa y la representación de su hija Emma interpusieron un juicio ante un tribunal en Dallas contra la corporación Aruba Petroleum Inc., por perjuicios padecidos a causa de sus operaciones de gas de esquisto en el yacimiento de Barnett. En North Texas, Aruba Petroleum tenía 22 pozos en la proximidad de la casa de esa familia y tres de ellos muy cerca.
El 22 de abril de 2014, un jurado condenó a la empresa petrolera a pagar a los Parr 2 millones 900 mil dólares porque con sus actividades incurrió en “molestia privada”. La petrolera ya apeló el fallo.
Luego de esa resolución, se registraron otros casos exitosos para los querellantes bajo la figura de molestia privada. En mayo de 2014 un propietario se impuso a la compañía Chesapeake y en junio una pareja derrotó legalmente a la empresa Titan Operating.
El artículo original salió en la revista Proceso: http://www.proceso.com.mx/?p=415822
